05 Oct UPyD exige a la CE que evite que España permita las estafas en hipotecas y productos bancarios
<La Delegación de Unión Progreso y Democracia exigió hoy a la Comisión Europea que vele — con todos los recursos en su mano– por que el Gobierno de España aplique de forma correcta y efectiva las Directivas europeas sobre hipotecas y productos bancarios, a la luz de las estafas "sistemáticas" que se han registrado en nuestro país.
"Los consumidores españoles se encuentran en una situación de desprotección e indefensión en este ámbito como afirmó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia del 14 de marzo de 2013, lo que justifica una intervención de las instituciones europeas", manifestó la diputada magenta Beatriz Becerra, como miembro de la comisión de Peticiones, durante la presentación de un pregunta oral a la Comisión Europea en el pleno de Estrasburgo.
"No hay lugar a dudas de la estafa. Existen sentencias, tanto a nivel nacional como europeo, que avalan y corroboran la existencia de un fraude sistemático contra ciudadanos europeos", agregó.
Por su parte, la portavoz de UPyD en la Eurocámara, Maite Pagazaurtundúa, recordó que el partido magenta fue quien llevó el caso ante los tribunales en abril de 2013 para defender a los preferentistas y que se persiguiera a los responsables políticos y bancarios.
"UPyD ha sido valiente al denunciar estos atropellos a personas, en muchos casos, vulnerables, ancianos y familias que no sabían los riesgos de la inversión, y ha facilitado que los responsables respondan ante la justicia, pero ha buscado enemigos poderosos al encontrar uno de los epicentros de la corrupción en España", recalcó ante el pleno de Estrasburgo.
Un caso especial en el Parlamento Europeo
Es la primera vez que desde la Comisión de Peticiones se realiza una pregunta oral con propuesta de Resolución en esta legislatura, un caso especial pues sólo se dan dos o tres por legislatura. La última, en 2012 con motivo del Tratado de Marrakech.
Becerra destacó que aunque no hay cifras oficiales sobre el número de afectados por cláusulas hipotecarias abusivas, se estima que entre 2 y 3,3 millones de españoles tienen cláusulas suelo en sus hipotecas y se han presentado unas 100.000 demandas. Asimismo, en 2013 el Ministerio de Economía y Hacienda cifró en 300.000 el número de afectados por preferentes, aunque las asociaciones de consumidores estiman en 392.266 el número perjudicados.
Los problemas radican en la incorrecta transposición de cuatro directivas. Además de la Directiva 2014/17/UE sobre los contratos de crédito hipotecarios; hay errores en la Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos financieros (DMIF) que regula la prestación de servicios de inversión por parte de empresas de inversión y entidades de crédito en distintos instrumentos financieros, incluidas las «preferentes», cuyo artículo 19 prevé normas de conducta aplicables a la prestación de servicios de inversión.
España también incurre en fallos en la implementación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, asi como en la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros
"A principios de este año, durante el procedimiento de revisión de todas las peticiones atrasadas que realizó la comisión de Peticiones, acerca de las del bloque que hacían referencia a los afectados por instrumentos de riesgo financiero (preferentes, subordinadas, cláusulas suelo) la Secretaría recomendó cerrarlas porque no existía competencia europea", explicó la diputada magenta. Fue por empeño expreso de Becerra que se mantuvieran abiertas estas peticiones, para lo cual tuvo que ponerse en contacto con el resto de Grupos para evitar el archivo de estas peticiones que se acercan al centenar.
En España, UPyD ha encabezado la defensa de los derechos de los preferentistas y víctimas de las cláusulas bancarias abusivas. En 2012 presentó una proposición de ley para reformar la Ley Concursal y abrir la puerta a que los poseedores de un crédito hipotecario se puedan declarar insolventes para acudir a la dación en pago y saldar su deuda con la entrega de la vivienda.
La idea de UPyD era retocar la Ley Concursal para que los acreedores puedan acudir a la autoridad judicial y buscar un acuerdo con las entidades bancarias para renegociar las hipotecas y, en caso de no lograrse, permitir a las personas físicas declararse insolventes y responder únicamente a la deuda con sus bienes embargables, quedando exonerado el pasivo restante. No obstante, el voto del PP impidió que progresara la iniciativa.
"Es todo un logro para UPyD que ahora el Parlamento Europeo se haga eco de nuestras denuncias e, incluso, sugiera la posibilidad de introducir la dación en pago en todos los Estados miembros", indicó Pagazaurtundúa.