12 Dic UPyD pide a la Comisión Europea que detenga el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana
Unión Progreso y Democracia (UPyD) reclamó hoy a la Comisión Europea que intervenga ante el Gobierno español para detener el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana por vulnerar diversos derechos, entre ellos, derechos sociales y de asociación.
El Congreso de los Diputados, con la mayoría del Partido Popular y la oposición de gran parte de la cámara, aprobó ayer el proyecto, que ahora seguirá su tramitación en el Senado. Por eso, para UPyD éste es el momento de que Bruselas actúe para detener la aplicación de una norma que ha recibido hasta ahora una fuerte contestación de parte de ONGs y oposición.
La portavoz de UPyD en el Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa
La jefa de la Delegación de UPyD en el Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, presentó hoy una pregunta parlamentaria en la que pide al Ejecutivo comunitario salvaguardar los derechos de los indigentes y personas necesitadas, pues el proyecto de Ley español contempla multas de hasta 600 euros por «deslucimiento» de la propiedad pública, empleando un término muy poco preciso.
Ya en noviembre, la responsable de la formación magenta en Bruselas tuvo la oportunidad de advertir durante el pleno de Estrasburgo al comisario europeo de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía, Dimitris Avramópoulos, sobre los peligros desde el punto de vista de los derechos sociales de este proyecto de ley y en especial sobre la intención del Gobierno de Mariano Rajoy de legalizar las «devoluciones en caliente» de inmigrantes, privándoles de su derecho a un trato con garantías y la posibilidad de solicitud de asilo en frontera.
En concreto, en las enmiendas introducidas a esta Ley el PP aprovechó para introducir una disposición transitoria que modificaba la Ley de Extranjería con el fin de legalizar la figura del ‘rechazo en frontera’ de inmigrantes de Ceuta y Melilla.
Asimismo, la eurodiputada de UPyD Beatriz Becerra también reclamó a comienzos de este mes a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que investigue el proyecto de reforma del Código Penal, en especial en lo relativo al derecho de manifestación.
La preocupación de la formación magenta se centra en el polémico artículo 315 del Código Penal, incluido en el capítulo sobre los delitos contra los derechos de los trabajadores, que incluye las sanciones tanto para quienes impiden celebrar una huelga como para quienes obligan a otros a secundarla.
El Gobierno del PP ha aducido que esta «mejora técnica», pasa por reducir las penas de cárcel para quienes «mediante el engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga» de la horquilla de seis meses a tres años y medio actual, a un nuevo tramo de entre seis meses y dos años.
Tras la presentación de una petición ciudadana ante la Eurocámara, Becerra manifestó que «es necesario instar a las autoridades comunitarias a que inicien una investigación porque este proyecto de ley viola derechos fundamentales de los ciudadanos».