21 Jun «España va en contra de los objetivos establecidos para 2020 con su hostigamiento a las energías renovables»
(Foto: Beatriz Becerra con representantes de @UNEFotovoltaica y @ANPIER_Asoc)
Beatriz Becerra, eurodiputada de ALDE, ha pedido a la Comisión que investigue la situación creada en el sector de la energía fotovoltaica como resultado de las modificaciones introducidas en la legislación en España en los últimos años.
¿Cuál es la posición de Beatriz Becerra?
Es notorio que la seguridad jurídica en España no se ha cumplido. Los numerosos cambios jurídicos en materia de energías renovables entre los años 2012 y 2014 han impedido crear una red de fuentes de energía sólida y con control jurídico coherente. La petición de investigación sobre la situación en la que ha quedado el sector fotovoltaico español está más que justificada. Urge revisar todos los procedimientos y analizar si la Directiva 2009/28/CE se ha aplicado en todos sus términos. Este caso ejemplifica la forma de en la que se ha gobernado España en los últimos años: incumplimiento de los objetivos comunitarios, mala administración, vulneración de los derechos de los consumidores, imprevisión, etc.
Además de por la normativa presumiblemente vulnerada, la Comisión debe atender la denuncia al incumplirse de forma flagrante la política energética común. Su posición en la respuesta a la petición no es coherente con las conclusiones publicadas previamente, en 2014, en el Informe de seguimiento de la Comisión Europea sobre los progresos en en materia de energías renovables.
La Agencia Europea del Medio Ambiente, en diciembre de 2014, ya advirtió de este problema cuando denunció una “incoherencia” entre los objetivos que se fijaron para España a mediados de la década pasada (20%) y la eliminación de primas a las renovables. En este sentido la petición debería mantenerse abierta, e instar a la Comisión y a las comisiones correspondientes que investiguen los hechos denunciados con el fin de emitir un dictamen acerca de las posibles vulneraciones normativas así como de las consecuencias económicas y medioambientales del modelo energético español, que castiga el autoconsumo y rechaza la utilidad de las energías renovables suponiendo un lastre para alcanzar, a su vez, los objetivos comunitarios en este ámbito.