La Comisión Europea amenaza a España por incumplir la normativa de aguas residuales

08 Oct La Comisión Europea amenaza a España por incumplir la normativa de aguas residuales

La Comisión Europea amenazó hoy de nuevo a España por su incumplimiento reiterado de la normativa comunitaria de aguas residuales. El Ejecutivo comunitario «adoptará todas las disposiciones necesarias para hacer cumplir las obligaciones» de España, recoge una respuesta parlamentaria derivada de las preguntas de la eurodiputada de UPyD, Beatriz Becerra, sobre el supuesto fraude en la gestión de la depuradora de Cabo Prioriño (Ferrol) y la vulneración de la Directiva de 1991 en esta materia.

De acuerdo con los últimos informes de 2010 en posesión de la Comisión, se recogió adecuadamente el 98 % de las aguas residuales generadas por 2 266 aglomeraciones urbanas en España (69,5 millones de equivalentes de población), pero solo el 86 % recibió, en su caso, un tratamiento secundario adecuado y solo el 54 % recibió un tratamiento más riguroso. «Los datos de 2012 indican que el cumplimiento aún no se ha logrado. Por consiguiente, una parte significativa de las aguas residuales generadas en España todavía se vierte directamente en el medio ambiente sin un tratamiento adecuado», destaca Bruselas.

Por este motivo, plantea que ha tenido que poner en marcha una serie de expedientes contra España para contribuir a remediar esta situación. El Tribunal de Justicia de la UE ya condenó a España por la falta de recogida y/o tratamiento adecuado de las aguas residuales urbanas vertidas en zonas normales y ahora se tienen que «adoptar las medidas necesarias para cumplir esa sentencia».

Además, está pendiente ante el Tribunal de Justicia de la UE un recurso interpuesto por la Comisión en relación con el tratamiento insuficiente de las aguas residuales urbanas vertidas en zonas sensibles.

Por último, otras dos investigaciones en curso se refieren a la falta de un tratamiento más riguroso, cuando sea necesario, en 241 grandes aglomeraciones (incluidas algunas capitales de provincia y otras ciudades importantes) y la insuficiencia de los sistemas de recogida y tratamiento en 612 aglomeraciones pequeñas.

En cuanto al caso concreto de la depuradora de Cabo Prioriño, sobre la que se dijo que ha estado inutilizada, la Comisión Europea subraya que, según la información obtenida de la autoridad de gestión española, esta planta de depuración «no ha interrumpido sus actividades desde su finalización en noviembre de 2010». Asimismo, asegura que la planta fue financiada por el Fondo de Cohesión «con gastos que fueron declarados regulares».