UPyD critica la utilización política de la iniciativa ciudadana sobre el derecho universal del agua

08 Sep UPyD critica la utilización política de la iniciativa ciudadana sobre el derecho universal del agua

Las eurodiputadas magentas abogan por el acceso universal al recurso, su titularidad pública y precios justos de mercado

Las eurodiputadas de UPyD en el Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa y Beatriz Becerra, denunciaron hoy la oportunidad perdida sobre una gran idea, la Iniciativa Ciudadana Europea “Right2Water”, porque algunos grupos han sometido a voto del pleno de Estrasburgo un informe de seguimiento que ha resultado sesgado y partidario. 

Maite Pagazaurtundúa y Beatriz Becerra en el pleno de Estrasburgo

Maite Pagazaurtundúa y Beatriz Becerra en el pleno de Estrasburgo

Las diputadas abogan por el acceso universal y el derecho humano al agua, así como por la necesidad de garantizar su titularidad pública. Y exigen la obligatoriedad de garantizar su suministro generalizado a unos precios asequibles. 

Además consideran que de acuerdo con el principio de subsidiariedad, el informe no debería entrar a valorar y exigir determinados modelos de gestión del agua, y observan con asombro las contradicciones del informe, ya que por un lado instan a la Comisión Europea a mantenerse neutros en relación con las decisiones nacionales, mientras que por otro lado imponen un marcado carácter ideológico. 

Asimismo, destacaron la falta de legitimidad del informe resultante, a la luz de las numerosas abstenciones cosechadas.

Ambas diputadas de ALDE, que se abstuvieron en la votación, consideran que es una lástima haber desaprovechado la oportunidad de elaborar un informe inclusivo, en el cual se defienda y garantice el derecho universal al agua y su saneamiento, sin entrar en propuestas partidistas que van más allá del objeto de la ICE. 

Es por ello que UPyD apoya y respalda la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 28 de julio de 2010, titulada “El derecho humano al agua y el saneamiento”, y la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 2013, titulada “el derecho humano al agua potable y el saneamiento”.