30 Oct UPyD se reúne con la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España
La eurodiputada de UPyD Beatriz Becerra ha mantenido reuniones con distintos colectivos y asociaciones en el desarrollo de su “semana de circunscripción”.
En determinadas semanas del año (las conocidas como “semanas verdes”) los eurodiputados trabajan en sus respectivos Estados Miembros. Son días que en UPyD se aprovechan para rendir cuentas ante los ciudadanos y para establecer contactos con distintas asociaciones y colectivos de la sociedad civil.
Beatriz Becerra se reúne con la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE)
En este contexto la eurodiputada Beatriz Becerra se reunió con la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE). Los contactos ya se habían iniciado antes de la cita, puesto que la asociación se planteaba emprender acciones en el Parlamento Europeo. Becerra, que efectúa un especial seguimiento en todo lo relacionado con las políticas de salud pública de la Unión, ha anunciado que impulsará y agilizará las actuaciones desde la Comisión de Peticiones (de la que es miembro, además de coordinadora del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa – ALDE). Se está planteando que la petición la presenten víctimas de la talidomida de distintos Estados Miembros para así plantearlo como una cuestión “de desigualdad de trato, ya que hay un número de agraviados que no reciben nada. El tiempo juega en contra de ellos, ya que los afectados tienen ya más de 50 años y sus condiciones de vida son cada vez peores».
Existen grandes disparidades en el trato a las víctimas de la talidomida entre los Estados Miembros. En España, de hecho, no tienen ningún tipo de indemnización, mientras que en países como Alemania tienen una pensión vitalicia. UPyD ya impulsó desde el Congreso de los Diputados en la pasada legislatura iniciativas para que se pusiera una solución a este colectivo.
Entre otras cuestiones, están planteando que dicha petición sea presentado por víctimas de la talidomida de varios países. «Se podría plantear una cuestión común de desigualdad de trato, ya que hay un número de agraviados que no reciben nada y que además, en el caso de España, se les ha arrinconado durante años. El tiempo juega en contra de ellos, ya que los afectados tienen ya más de 50 años y sus condiciones de vida son cada vez peores», ha señalado.