UPyD llevará el caso de las preferentes a la Eurocámara para buscar una solución europea

30 Oct UPyD llevará el caso de las preferentes a la Eurocámara para buscar una solución europea

La eurodiputada de UPyD Beatriz Becerra se comprometió hoy con representantes de afectados de las participaciones preferentes a llevar el caso al Parlamento Europeo para que exija responsabilidades al Estado español

La eurodiputada de UPyD, Beatriz Becerra, reunida con asociaciones de afectados por las preferentes

La eurodiputada de UPyD, Beatriz Becerra, reunida con asociaciones de afectados por las preferentes

«No solo se ha vulnerado la Directiva MIFID, sino que el instrumento creado para facilitar una solución a los afectados, el denominado proceso de arbitarje, conculca igualmente la Directiva de Protección de Consumidores sobre prácticas comerciales desleales», ha recordado Becerra tras mantener una reunión en Madrid con este colectivo.

La Directiva de 2004 impone a las entidades financieras una conducta comercial honesta e imparcial y asegurarse de los conocimientos del cliente antes de contratar un producto financiero determinado.

«La estafa de las preferentes tiene pleno carácter europeo, no solo porque en la trama hay afectados residentes en España originarios de varios países de la Unión, sino porque las indemnizaciones se están financiando con el rescate europeo de las Cajas», ha afirmado la eurodiputada magenta, que ha acordado con los afectados iniciar conjuntamente el proceso de traslación al Parlamento Europeo a través de la comisión de Peticiones de la Eurocámara, de la que es miembro y coordinadora del grupo ALDE, y convertir esta cuestión en prioritaria para la Delegación de UPyD en el Parlamento Europeo.

Cualquier ciudadano de la Unión Europea, a título individual o conjuntamente, tiene el derecho a presentar una petición ante el Parlamento Europeo, un órgano consultivo pero con capacidad para apelar a la acción de las autoridades. Esta petición debe recoger una queja relativa a la incorrecta aplicación del Derecho comunitario o un llamamiento para que el Parlamento Europeo tome posición ante un asunto concreto a las instituciones europeas en este fraude masivo, amparándose tanto en la Directiva MIFID, que considera “producto complejo” a las preferentes, como en las directivas de consumo que prevén que los clientes deben conocer los productos financieros que contratan.