16 Oct UPyD firma una carta en apoyo al colectivo LGTBI en Kirguistán
La eurodiputada de UPyD y futuro miembro del Intergrupo de derechos LGTBI del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, ha suscrito una misiva en la que distintos eurodiputados piden al parlamento kirguís que retire un proyecto de ley antipropaganda como el aprobado recientemente en Rusia.
El 9 de octubre el parlamento de Kirguistán aprobó en primera lectura el proyecto de ley que establece sanciones por hacer «propaganda de relaciones sexuales no tradicionales». Esta ley, elaborada a imagen y semejanza de la norma rusa, contribuirá a empeorar la ya de por sí precaria situación de los ciudadanos LGTBI en el país asiático. Numerosos miembros del parlamento europeo temen un repunte de la discriminación y actos violentos contra los colectivos LGTBI, como ya está ocurriendo precisamente en Rusia.
Por este motivo Becerra ha firmado la carta conjunta que se enviará al parlamento kirguís solicitando la retirada de este proyecto de ley o su rechazo en segunda lectura. La iniciativa parte del eurodiputado lituano Petras Austrevicius (perteneciente, como UPyD, al grupo ALDE). «Les pedimos que respeten el artículo 16 de su propia constitución», que afirma que la República de Kirguistán «respetará y garantizará los derechos humanos y libertades de todas las personas en su territorio y bajo su jurisdicción», además de añadir que el país no adoptará «leyes que nieguen o denigren los derechos o libertades civiles».
«Los derechos del colectivo LGTBI no son otra cosa que derechos humanos», afirmó Becerra. «Las leyes que buscan discriminar a parte de la población, o que ocultan intenciones discriminatorio con la supuesta intención de proteger a sus ciudadanos de ‘relaciones sexuales no tradicionales’, son un ataque contra la dignidad de las personas y la igualdad real y efectiva de todos los ciudadanos».
La carta, que será remitida en los próximos días a la cámara kirguiza, llama a los diputados a centrar su atención en «los problemas verdaderamente urgentes para la población, que incluyen la lucha contra la corrupción generalizada y la garantía de la libertad de expresión y de asamblea».