UPyD exige más transparencia en el uso de los fondos europeos para evitar fraudes

La eurodiputada de UPyD, Beatriz Becerra, ha introducido, en nombre del Grupo Liberal y Demócrata en el Parlamento Europeo (ALDE), una enmienda al informe de la comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre el Fondo de Adaptación a la Globalización en la que reclama un mayor control sobre su gestión para evitar casos de fraude como los detectados en Andalucía.

El texto final, que será sometido mañana a votación, pide tanto a las autoridades españolas como a las europeas que tomen todas las medidas a su alcance para verificar que, en efecto, las actividades financiadas por este instrumento de la UE se desarrollan de acuerdo con los principios que rigen toda buena gestión financiera. El objetivo es evitar escándalos como el del presunto fraude de los cursos de formación en Andalucía, que también han sido objeto de una pregunta por parte de la diputada magenta.

Por otra parte, la Comisión dará luz verde a un total de 700.000 euros — la mitad del montante del programa de salvamento– que permitirán ayudar a los trabajadores que se vieron afectados por los expedientes de regulación de empleo en tres empresas de Castilla y León (Puertas Norma, S.A., Kronospan S.L. y Pallets y Embalajes Pascual S.L.). Esta partida está orientada específicamente a prestar apoyo a los trabajadores afectados por situaciones laborales adversas a través de sesiones informativas, orientación ocupacional, asistencia en la búsqueda de empleo, formación y ayudas e incentivos al emprendimiento.

Puertas Norma, la empresa con el mayor número de trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo, ya fue objeto en 2013 de una pregunta firmada por el Jefe de Delegación de UPyD en el Parlamento Europeo, Francisco Sosa Wagner.

Puertas Norma pertenecía al «grupo laboral» de la multinacional Jeld Wen, líder mundial en el sector, cuando la crisis le llevó a pérdidas y la presentación de un ERE. Mientras, el grupo matriz se desentendió de las consecuencias de su gestión y siguió registrando beneficios. Por ello, Sosa Wagner y otros siete eurodiputados españoles utilizaron su labor parlamentaria para indicar a la Comisión si se planteaba cambios legislativos para evitar estas situaciones en el futuro y si consideraba que el comportamiento de la empresa matriz podría afectar a la libre circulación de trabajadores en el mercado único.