10 Jun Todas las familias
Artículo publicado en el Diario Vasco el 9/06/2016:
“Todas las familias felices se parecen unas a otras; pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada”. Así comenzaba León Tolstói su Ana Karenina. Y no le faltaba razón, aunque hay un pilar por encima de lo emocional o personal que sustenta ese estatus de felicidad o infelicidad: el disponer de los mismos derechos. El contar con la garantía de una igualdad efectiva ante la ley.
Los cambios más importantes de una sociedad suceden dentro de cada casa, en el ámbito doméstico y familiar. A pesar de la revolución que ha significado internet para nuestro mundo global, las nuevas tecnologías no transforman tanto nuestra vida como lo están haciendo los nuevos modelos familiares. Estos no solo son fruto de tantos prejuicios como van siendo abolidos, sino también de la transformación sustancial que la sociedad en su conjunto está experimentando en términos de conciencia y reivindicación de los derechos humanos, universales e indivisibles. Estos cambios en los modelos familiares aún no han completado su imprescindible traslación al marco normativo y legal vigente. Y ahí es donde entra la responsabilidad de los representantes públicos y las instancias políticas, que necesariamente han de estar a la altura para posibilitar ese ajuste. Déjenme compartir con ustedes algunos ejemplos de referencia, en España y en Europa.
En caso de divorcio, tradicionalmente la custodia de los hijos correspondía a la madre. Esto se consideraba lo natural -no necesariamente lo mejor- en una sociedad en la que el matrimonio lo componía un hombre que alimentaba y una mujer que criaba. Pero el cambio en los roles familiares ha hecho que la concesión prioritaria de la custodia a la mujer ya no tenga sentido. Entre otras cosas, porque ese divorcio o separación ahora puede tener lugar también entre dos mujeres y entre dos hombres, casados o vinculados por cualquiera de las formas reconocidas de unión civil. Y porque esos niños pueden haber llegado al hogar por nacimiento o adopción, por gestación tradicional o asistida… No tiene sentido ni para las mujeres ni para los hombres que desean (y además están obligados) a la corresponsabilidad parental, como reconoce la Convención de los Derechos del Niño y el Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Pero, por encima de todo, porque lo que debe primar es el interés del menor.
Cada país de la Unión Europea tiene sus propias normas sobre custodia y derechos de visita de los hijos del matrimonio disuelto. La custodia compartida solo es la primera opción en Bélgica e Italia. En otros, es posible solo de mutuo acuerdo o por decisión judicial. En España, uno de los países europeos con mayor número de divorcios (más de 100.000 al año), la custodia compartida de los hijos es otorgada en menos del 20% de los casos. A la falta de armonización de normas europeas y la desigualdad consiguiente para padres y madres, en nuestro país se suma una desigualdad adicional: cada Comunidad Autónoma establece una legislación diferente. Desde que en 2010 Aragón estableció la custodia compartida como opción preferente, solo Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana y País Vasco han aprobado leyes en este sentido.
Considero que la custodia compartida es más igualitaria y justa porque prioriza el interés del menor, el disfrute y refuerzo de los lazos afectivos con ambos progenitores. Porque fomenta valores y actitudes igualitarias como la corresponsabilidad familiar y el reparto equitativo de tareas y de gastos corrientes, dando a la mujer mejor acceso al desarrollo profesional y a la conciliación laboral y familiar. Porque promueve, en definitiva, un verdadero avance en la igualdad en las sociedades donde se aplica como opción preferente.
Otro de los desafíos a los que se enfrenta Europa es el de las familias formadas por personas del mismo sexo. El 61% de los europeos está a favor del matrimonio igualitario en toda Europa. Y, por tanto, los ciudadanos LGTBI también deben tener el derecho efectivo a formar una familia en condiciones de igualdad con el resto de sus conciudadanos. Pero, dependiendo del Estado miembro, una pareja LGBTI, puede casarse o no, tener hijos o no, tener o no reconocidos sus derechos económicos y de propiedad comunes… Si se desplaza a otro país de la Unión, la inseguridad jurídica se convierte en un calvario.
Quiero insistir igualmente en la necesidad de regular la gestación subrogada. Es hora de que las instituciones europeas asuman un papel de liderazgo y ofrezcan un marco común que ofrezca seguridad jurídica a las familias –hetero u homoparentales- que quieran acudir a la que puede ser su única alternativa para tener hijos, y que dé a estos niños el reconocimiento y la cobertura legal exigible. La gestación subrogada es compatible con los derechos y la dignidad humana si se hace de forma saludable y altruista, basada en una decisión libre de la mujer gestante, evitando la comercialización y el abuso a través de una regulación que acabe con la hipocresía legal de algunos de nuestros países que la prohíben dentro pero la permiten fuera.
Creo que Europa debe colocar a las familias, a todas las familias, en el centro de sus políticas. Como la inmensa mayoría de los europeos y a diferencia de la concepción de los conservadores, los liberales contemplamos una variedad amplia y rica de familias, basada en la libertad de los ciudadanos a constituirlas dentro del marco legal vigente. Y, como miembro del partido Liberal Demócrata europeo, considero que la defensa de los derechos y las libertades debe seguir siendo un rasgo esencial de la Unión. Porque las familias, todas las familias europeas, son la balsa que está permitiendo a millones de personas atravesar la larga y dolorosa travesía de la crisis económica. Un espacio de solidaridad y apoyo, un refugio para la esperanza de progreso. Y, sí, una fortaleza para la felicidad.