20 Oct UPyD propone a Transparencia Internacional incluir las dietas de gastos generales en la auditoría de ingresos a los eurodiputados
La eurodiputada de Unión Progreso y Democracia (UPyD) Beatriz Becerra ha propuesto a la Organización No Gubernamental Transparencia Internacional (TI) someter las dietas de «gastos generales» que reciben los parlamentarios europeos a auditoría y justificación, con el fin de aportar claridad sobre los ingresos de estos cargos públicos.
La partida de ‘gastos generales’, que asciende a 4.299 euros mensuales para cada uno de los 751 eurodiputados, está prevista para gastos de oficina, teléfono, etc. y en principio no requiere justificación ante el Parlamento Europeo. Sin embargo, UPyD defiende que los eurodiputados sean obligados a concretar más la información sobre el uso de estos gastos, así como devolver a la institución el sobrante.
La eurodiputada de UPyD Beatriz Becerra defiende devolver a la institución el sobrante del presupuesto asignado
De acuerdo con el Código de Conducta recientemente aprobado por UPyD, los cargos públicos electos, los que tengan funciones de gobierno y los cargos de designación política del partido deben hacer públicas sus nóminas y retribuciones que perciban por asistencia a plenos, comisiones, consejos de administración, entre otros y las percepciones en especie que obtengan de las instituciones públicas.
Asimismo, coincidiendo con los planteamientos de Transparencia Internacional, que acaba de publicar un informe sobre los ingresos «extra» de los eurodiputados, Becerra recordó que en la formación magenta está prohibida todo tipo de remuneración oculta u opaca, tanto percibida directamente como a través de cualquier otro sistema, tales como tarjetas de crédito no declaradas o a través de los llamados sistemas de previsión (pensiones complementarias, seguros de vida y figuras análogas), que tampoco sean oportunamente declarados, que no sean transparentes o que no estén justificadas por el desarrollo del cargo o responsabilidades encomendadas, encuadrándose en las denominadas «remuneraciones encubiertas» o «sigilosas».
Para UPyD, resulta compatible un cargo público y una actividad remunerada paralela siempre que no se caiga ni dentro del régimen legal de incompatibilidades ni dentro del ámbito de un conflicto de intereses. En ese caso, según el artículo 7 del Código de Conducta, se da un conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio para los mismos.
En este sentido, se consideran intereses personales tanto los propios como los de personas relacionadas, entendidas como aquellas unidas por razón de descendencia, ascendencia, consanguinidad, incluyendo los del cónyuge y persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, amistad o enemistad manifiesta y cualquiera otras que impliquen una estrecha relación personal o económica.
Por otra parte, Becerra respaldó la propuesta de TI de que todas las declaraciones deberían de traducirse al conjunto de lenguas oficiales de la UE, para permitir a todos los ciudadanos hacer el seguimiento de las mismas. Además, un comité de seguimiento independiente debería de monitorear el cumplimiento y publicar recomendaciones vinculantes para sancionar a los eurodiputados en caso de falsas declaraciones.