UPyD exige a la Comisión Europea que evite el boicot a la fruta española en la frontera gala y prepare indemnizaciones

31 Jul UPyD exige a la Comisión Europea que evite el boicot a la fruta española en la frontera gala y prepare indemnizaciones

La eurodiputada de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Beatriz Becerra, exigió hoy a la Comisión Europea que evite el boicot llevado a cabo por productores franceses en la frontera gala para evitar la entrada de camiones de fruta de origen español, al tiempo que reclama al Ejecutivo comunitario que prepare indemnizaciones para los agricultores y empresarios españoles afectados

Beatriz Becerra

Beatriz Becerra

Según recoge en una pregunta parlamentaria, el pasado 17 de julio de 2014, unas 150 personas de nacionalidad francesa bloquearon el tránsito de varios camiones con productos hortofrutícolas españoles, quemando la mercancía que transportaban ante la pasividad de las autoridades francesas. Esta situación, recuerda Becerra, viene repitiéndose desde hace décadas sin que se haya logrado subsanar el problema, pese a que Francia ya fue condenada en 1997 por estos hechos al hacer quedado demostrado que vulneraba el Derecho comunitario, según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 9 de diciembre de 1997. 

«Francia ha incumplido las obligaciones que se derivan del Tratado de la Unión Europea, relativos a adoptar todas las medidas necesarias y proporcionadas con el fin de que determinadas acciones de particulares no obstaculicen la libre circulación de frutas y hortalizas», recuerda la eurodiputada de UPyD.

Por esta razón, insta a la Comisión a intervenir ante tal vulneración, investigar lo ocurrido y en su caso imponer las sanciones pertinentes. Asimismo, le reclama la adopción de mayores medidas para garantizar la seguridad de los productos españoles en el futuro, con el fin de que el Ejecutivo francés garantice el normal transporte de mercancías.

Finalmente, Becerra ha preguntado al Ejecutivo si va a llevar a cabo medidas para indemnizar dicha pérdida económica a los empresarios españoles ante lo que supone una clara vulneración de sus derechos.